Más que una respuesta
diplomática por la expulsión de la consul Livia Acosta por el gobierno
norteamericano, el cierre del consulado venezolano en Miami, representa una maniobra que busca arrebatar de manera
inconstitucional el derecho supremo al voto a más de 23.000 venezolanos
inscritos para sufragar el 7 de octubre en las elecciones presidenciales. Bien
sabe el chavismo que este centro de votación radicado en el sur de la Florida,
al agrupar los votantes de Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y
Florida, no sólo lo convierte en el más numeroso cuantitativamente, sino que
representa el mayor caudal de votos adversos a la reelección del presidente
Chávez. El Consejo Nacional Electoral ( CNE ) haciendo gala de su acostumbrada
parcialidad oficial, reubicó inconsultamente a los votantes de Miami en el
consulado de Nueva Orleans, situado a 1.337 kilómetros de distancia y a casi 24
horas de viaje en autobús, medida esta que rompe la normativa de votar en el
centro más cercano al domicilio del elector. El descaro del CNE es mayor cuando
alega que no se pueden realizar votaciones fuera del recinto consular pues
ellas carecerían de territorialidad. Es oportuno recordarle a Tibisay Lucena,
presidenta del consejo, que debido a la gran cantidad de inscritos y lo
reducido de la sede consular, las votaciones siempre se han realizado en
diferentes espacios ajenos al territorio de la República Bolivariana de
Venezuela. Recuerdo que desde mi residencia en esta ciudad, he sufragado en el
estacionamiento público del edificio que alberga al consulado, otras veces lo
he hecho en un centro de convenciones, un instituto de educación superior, un
recinto deportivo y hasta en un centro comercial.
Ante este atentado en contra
de nuestro máximo derecho, debemos permanencer unidos y preparar acciones
tendientes a impedir este nuevo intento de silenciar nuestra voluntad y de
convertirnos en ciudadanos de segunda.
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