La reciente masacre en Las Vegas, conocida como la ciudad del pecado debido a la permisividad al juego, apuestas, licor y prostitución, abre nuevamente el debate sobre un mayor control a las armas. El asesino, un nativo de 64 años, jugador de póquer, sin antecedentes, armado hasta los dientes, desde el piso 32 de un hotel, abrió fuego contra una multitud que escuchaba un concierto, convirtiéndose en la peor masacre en la historia del país. La policía encontró más de 40 armas en la habitación del hotel, en el auto y sus 2 casas de habitación, todas adquiridas legalmente y varias de ellas trucadas para ser usadas de manera automática.
Según estudios realizados por instituciones que analizan el armamentismo indican que, la nación tiene 321 millones de habitantes y 310 millones de armas, 33.800 personas fallecen al año por armas de fuego, con un promedio de 93 muertos al día, que un 54% de los ataques masivos está relacionado con violencia familiar, en el 42% de los casos el atacante presentaba conducta peligrosa y el 34 % de los involucrados tenían prohibido comprar armas.
La segunda enmienda a la Constitución de los Estados Unidos protege el derecho a los ciudadanos a poseer y portar armas y ni el gobierno federal, ni los gobiernos estatales o locales pueden vulnerar dicho derecho, lo cual hace imposible pedir una prohibición, pero es imperativo detener estas muertes; para ello al Congreso le tocaría la regulación, compleja tarea dado el poder de la industria de armamentos, la Asociación Nacional del Rifle y la firme postura de los republicanos y el presidente Trump.
Esta vez las ruletas se ensangrentaron y lo que pasó en Las Vegas, no pudo quedarse en Las Vegas.
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